Ojo con la superintendencia de Bienes Nacionales

Hemos recibido diversas llamadas de dueños de Casas en Máncora, y las pócitas sobre el comportamiento de esta institución que estaría tratando de apropiarse de las propiedades aledañas a la Costa y de terrenos en otras áreas que ellos consideran de “valor inmobiliario”
Reproducimos aquí información de los diarios La República y Peru21

SBN:ORELLANA ES UN ENANO
Por Mirko Lauer
Los diarios de ambas regiones no parecen muy preocupados, pero Piura y Tumbes están a punto de ver afectados irreversiblemente sus principales escenarios de expansión inmobiliaria y desarrollo económico. Numerosos predios privados instalados en las playas del extremo norte están a punto de revertir a la propiedad estatal. Al menos esa es la teoría.

Una resolución de la Superintendencia Estatal de Bienes Nacionales ha puesto en marcha un proceso de notificación-relámpago a los propietarios de diversas playas del norte, informándoles que sus propiedades ya no son tales (o que nunca lo fueron, no se precisa) y que deben abandonarlas en un plazo perentorio. Para unos 100 propietarios el plazo vence precisamente hoy viernes.
Los afectados más atentos han puesto en marcha su defensa, presentando documentos y movilizando acciones de amparo, puesto que tienen partidas registrales desde 1996. Otros corren el riesgo de descubrir su despojo como un hecho consumado. La resolución misma es de mediados de enero pasado, con lo cual puede decirse que los afectados han sido tomados por sorpresa.
Lo menos que puede sucederle a estas personas es un largo y costoso litigio contra una organización estatal y su “Plan integral de protección y cautela de playas”. En este caso concreto el sentido declarado del plan es recuperar terrenos que son considerados propiedad del Estado, sin tomar en cuenta que pueden haber sido comprados y ocupados de tiempo atrás.

Si el proceso de incautación avanza y la SBN no rectifica su modus operandi, nadie va a querer comprar un metro cuadrado de terreno en zonas como Máncora, Punta Sal o inmediaciones, en las cuales el país tiene puestas importantes esperanzas turísticas, y las consiguientes inversiones. Los precios inmobiliarios deben estar cayendo rápido desde que comenzó el problema.

¿Qué haría la SBN con todo lo incautado? En esa cálida zona no hay realmente más habitantes que los propietarios y los trabajadores de la industria turística. Un temor de los afectados es que los predios, convenientemente declarados eriazos en el documento (tienen casa y hoteles encima), lleguen a ser revendidos, una práctica frecuente en estos tiempos.

La velocidad de todo el proceso, la ausencia de toda información adelantada a los ocupantes de los predios, el trasiego de partidas registrales, y la omisión de toda consideración específica para una zona turística y urbana, hacen temer lo peor. Sintomático que todo haya comenzado en playas prósperas y pujantes, y no, digamos, en playas y caletas más modestas.

El documento mismo no explica qué quiere decir realmente “protección y cautela” en este caso. Si se está aludiendo a casos como la especulación del grupo Orellana con 24 mil hectáreas de un parque nacional en Tumbes, la SBN ha equivocado su objetivo. Orellana es un enano al lado de esto. Lo que está haciendo realmente la SBN es empezar a liquidar una de las zonas más prometedoras del litoral peruano.

Peru21.pe

Piura: Denuncian que Estado pretendería apropiarse de terrenos en Máncora
Miércoles 04 de febrero del 2015 | 22:35
Más de cien residentes de la zona tiene hasta el viernes para desalojar sus casas por orden de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.

Afectados dicen que el desalojo es inconstitucional. (Google Maps)
Afectados dicen que el desalojo es inconstitucional. (Google Maps)
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Un propietario de una vivienda y un terreno en la zona de Las Pocitas, en Máncora, se acercó con títulos de propiedad en mano a Perú21 para denunciar que el Estado, a través de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), pretendería adueñarse de su propiedad.

Más de un centenar de residentes de esta zona (que abarca un área de 120,906.65 metros cuadrados, en el norte del país) atraviesan por esta misma situación. Por motivos de seguridad, el propietario pidió que se mantenga en reserva su identidad. El plazo que se les ha dado para desalojar la zona culmina este viernes.

La historia comienza el 25 de setiembre del año 2014, cuando la SBN envía un oficio a los residentes de esta zona con código 2014/SBN/DGPE-SDS en el que se sostiene que “vienen ocupando un predio ubicado en la zona de playa protegida, de propiedad del Estado inscrito en la partida número N° 11066785 del registro de Predios de Piura”.

Lo extraño para estos propietarios es que el registro que acredita que este terreno sería propiedad del Estado data solo desde mayo del 2014, según la resolución N° 060-2014-SBN-DGPE-SDAPE, cuando los terrenos están registrados como propiedad privada desde el año 1996.

Perú21 tuvo acceso a dos títulos de propiedad de la zona de Las Pocitas que datan de esta fecha. Pese a que esta lugar cuenta con múltiples viviendas, hoteles y negocios, el Estado la ha declarado como “terreno eriazo”, es decir, vacío o deshabitado.

En el oficio del 25 de setiembre que envía la SBN, solicita a los involucrados a remitir un documento legal que “sustente la ocupación del predio estatal antes referido en un plazo de (10) días hábiles”. De no hacerlo, señala el documento, deberán desocupar el predio en el plazo que se señala.

El propietario citado al comienzo de este informe presentó sus títulos de propiedad ante esta entidad, sin embargo, la SBN señaló que las tierras que los afectados señalan como suyas, si bien están registradas, no tienen relación con el área material que ellos reconocen en el proceso.

CUESTIONADOS
La SBN, consultada por Perú21 sobre este caso, sostuvo que esta medida final es producto del “Plan de Protección y cautela de playas” que esta entidad viene trabajando de la mano con la Dicapi en esta zona y que habría determinado que el terreno debe pasar a manos del Estado para su protección.

Fuentes involucradas en el caso señalaron que la Subdirectora de Supervisión de la SBN, María del Pilar Pineda Flores, aseguró a los abogados de los afectados que no se aceptarán las pruebas que están presentando y que habría tomado una postura intransigente respecto al tema. Perú21 pidió comunicarse con Pineda Flores mediante su institución para hablar de este caso, pero se nos indicó que para ello se debía enviar una solicitud a la mesa de partes de la SBN.

Uno de los abogados de los afectados explicó a este diario que la figura legal de este caso es simplemente un desalojo que es “inconstitucional”. Aseguró que ni siquiera se trata de una expropiación, pues no se contempla ninguna compensación monetaria a los residentes que tendrían que abandonar la zona este viernes. Varios de los afectados han presentado una acción de amparo que impida que sean despojados de sus terrenos.

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1 respuesta

  1. FERNANDO ALAYZA MUJICA dice:

    ESTE ES UN ESTADO JODIDAMENTE CABRON Y CORRUPTO, ADEMAS DE RATERO…….HAY QUE DENUNCIARLO Y QUE NO NOS JODA

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