OXy compensará por contaminación

Tomado de noticias aliadas.
Cecilia Remon
17/03/2015

Acuerdo extrajudicial sienta precedente para actuación de empresas petroleras frente a comunidades indígenas y medio ambiente.

 
Las protestas de las comunidades indígenas amazónicas por la contaminación y daños a la salud que por décadas dejó la explotación petrolera en sus territorios están logrando resultados que los benefician.

El 5 de marzo, comunidades achuar anunciaron haber llegado a un acuerdo extrajudicial con la petrolera estadounidense Occidental Petroleum (OXY) que operó en el Perú entre 1971 y el 2000 en el oriental departamento de Loreto.

En conferencia de prensa, el abogado Marco Simons, de la organización EarthRights International, dedicada a presentar acciones legales contra autores de abusos al medio ambiente, confirmó el acuerdo al que arribaron cinco comunidades achuar de la cuenca del río Corrientes —Antioquia, José Olaya, Nueva Jerusalén, Pampa Hermosa y Sauki— con OXY a través del cual la petrolera entregará fondos destinados a proyectos de desarrollo y que serán gestionados por el Fondo de Desarrollo del Alto Corrientes.

Simons precisó que el caso culminó “en un proceso cerrado y confidencial”. La demanda se presentó en el 2007 en una corte de Los Ángeles, EEUU, donde está la sede de la petrolera, alegando que OXY llevó a cabo “prácticas irresponsables” que contaminaron las aguas del río Corrientes y sus afluentes con el vertido de residuos de petróleo y aguas de producción que surgen de los pozos a temperaturas superiores a los 90º, que son altamente salinas y contienen metales pesados.

Oxy obtuvo en 1971 la concesión del lote 1AB (ahora lote 192), un área de 400,000 Ha ubicada entre los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre, cerca de la frontera con Ecuador, que incluye territorios indígenas. Allí perforó 150 pozos y construyó alrededor de 500 km de caminos y ductos. Explotó el lote hasta el 2000 cuando lo cedió a la argentina Pluspetrol.

En mayo del 2007, las cinco comunidades achuar, con respaldo de EarthRights International, presentaron la demanda contra Oxy señalando nueve delitos tipificados por la legislación estadounidense: muerte injustificada, lesiones y daños, negligencias punibles, agresiones, alteración de la propiedad privada y orden público, usurpación, fraude, mala representación y violación del código de negocios.

El caso fue desestimado en el 2008, al determinar el juez que se debía resolver en el Perú. Sin embargo, los demandantes apelaron ante un tribunal en San Francisco que les dio la razón y el caso continuó ventilándose en EEUU. En el 2013, Oxy presentó un recurso ante la Corte Suprema para retornar el caso al Perú, pero su demanda no prosperó.

Simons señaló que este caso sienta “un precedente” que será de gran importancia para futuros casos y para los que ya están siendo procesados en tribunales de EEUU.

La responsabilidad de Pluspetrol
Pero no sólo es un precedente para casos llevados por la justicia estadounidense, sino para el heredero de OXY: Pluspetrol, que también tiene una larga historia de mala práctica en los lugares donde ha operado, particularmente el lote 1AB.

Dirigentes indígenas de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón denunciaron el 5 de febrero ante la prensa extranjera que “durante más de 40 años de explotación petrolera se han vulnerado los derechos de los pueblos indígenas a la salud, educación, al territorio. Estamos exigiendo que la empresa Pluspetrol asuma su responsabilidad. Su práctica es que los pueblos indígenas no tenemos los mismos derechos que ellos. Las comunidades exigimos que si la empresa no asume su responsabilidad, sea el Estado el que cumpla al haber otorgado los permisos de explotación”.

Pluspetrol siempre ha responsabilizado a OXY por los pasivos ambientales en la zona y nunca ha asumido su propia responsabilidad en la contaminación. Su contrato de concesión vence el próximo 31 de agosto sin que hasta el momento haya realizado la remediación de casi un centenar de sitios impactados y sin intenciones de pagar los más de US$13 millones por 12 multas por infracciones ambientales y daños a la salud de la población, impuestas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Pero al parecer esta situación estaría en proceso de cambiar.

El presidente Ollanta Humala aseguró el 2 de marzo ante corresponsales extranjeros que Pluspetrol tendrá que hacer “la remediación de lo que corresponde a su gestión y que está en los contratos que firmó”.

El 10 de marzo, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) emitió un comunicado informando que el gobierno y las comunidades nativas de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón afectadas por la explotación petrolera en el lote 1AB a cargo de Pluspetrol, arribaron a un acuerdo que incluye la creación de un fondo de 50 millones de soles ($16.1 millones) para la remediación ambiental de sitios impactados por hidrocarburos. La PCM también se comprometió a invertir otros 50 millones de soles en proyectos sociales “a fin de garantizar la vida, la salud y el desarrollo sostenible de estas poblaciones”.

La PCM anunció además que “el Estado garantizará la remediación ambiental en el lote 1AB, para lo cual se exigirá el cumplimiento de un Plan de Abandono al operador responsable que considerará los sitios contaminados en el lote 1AB identificados por la OEFA, así como los hallazgos determinados y otros que resulten pertinentes, entre otros”.

NO ES SUFICIENTE

En conferencia de prensa, tras la firma del acuerdo, los apus (líderes) de las comunidades indígenas amazónicas que participaron en las negociaciones con la PCM señalaron que “no basta con curar lo dañado, sino prevenir el futuro”.

“El gobierno dio un primer paso para restaurar las relaciones entre las comunidades indígenas de la Amazonia y el Estado peruano”, dijo el apu Alfonso López, dirigente kukama de la cuenca del Marañón. “Ahora toca poner en realidad esta acta. Estos 50 millones de soles serán la semilla, para la remediación, que también permitirá la recepción de más fondos para los estudios epidemiológicos, toxicológicos y la implementación de agua potable para un total de 115 comunidades, que se beneficiarán con educación, salud, y proyectos de desarrollo comunitario”.

Otro tema pendiente, indicaron los apus, es la valoración de sus territorios.

“Nosotros hemos expresado nuestra visión de lo que significan nuestros territorios como una integralidad (un todo), pero los técnicos de la PCM no han querido aceptar esa visión sino más bien separarla, por eso hemos quedado en seguir discutiendo este tema que aún no ha llegado a consenso”, dijo López. “Es necesario mantenernos vigilantes como pueblos indígenas porque de no cumplirse este acuerdo, son los ancianos, jóvenes, mujeres y niños de las comunidades que se levantarán para hacer escuchar esa voz enmudecida por el tiempo de abandono por parte de los gobiernos”. —

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