El Lote 192 después de la euforia nacionalista

por Maritza Paredes

Tomado de esahora.pe

La ley 4749 que autoriza el regreso de Petroperú al lote 192 se ha celebrado como una victoria ideológica. Durante el régimen fujimorista, Petroperú privatizó todos sus lotes y a diferencia de sus pares en la región (Petrobras, Pemex, Ecopetrol y la Chilena ENAP, que tiene lotes petroleros fuera de su territorio), Petroperú no ha producido ni un solo barril en los últimos 30 años. Qué Petroperú vuelva al mercado de crudo es sin duda un golpe a un sector conservador que nos quiere convencer que el manejo político, la ineficiencia y la corrupción son características exclusivas de las empresas estatales. Sin embargo, casos como Odrebecht en Brasil, nos muestran que la corrupción no es monopolio estatal, y empresas públicas como la empresa nacional del cobre en Chile, CODELCO, expresan habilidad financiera y técnica.
Sin embargo, la victoria ideológica no alcanza. Los retos de gestión económica y ambiental del lote más grande y complejo del país son enormes. Primero, las limitaciones técnicas de Petroperú son consecuencia de tres décadas que el Estado hizo muy poco o casi nada por la empresa estatal, cuando el viento del boom de precios jugaba a favor. La prudencia en tiempos de post-boom es imprescindible. Para empezar, es necesario esclarecer dentro de las normas el contrato de dos años que tiene el Estado Peruano con la empresa Pacific Stratus Energy. Luego, hay que reconocer que después de tres décadas fuera de la cancha, hay que ‘calentar’ antes de jugar el partido. Se requieren alianzas estratégicas con empresas privadas y la incorporación del uso de mecanismos de mercado que aseguren la eficiencia y el rendimiento de las operaciones.
Segundo, la explotación del lote 192 ha dejado cerca de 92 puntos gravemente contaminados que requieren inmediata remediación. Por 40 años, el Estado desprotegió a la Amazonía y a sus pueblos indígenas permitiendo el negocio del crudo a costa del daño ambiental. Los territorios de los pueblos indígenas de las cuencas del Corrientes y del Pastaza han sido históricamente los más afectados por la explotación petrolera, por ello sus federaciones (Fediquep y Feconaco) plantean condiciones mayores, que son más Estado y no solo más plata. De la misma forma que romper unilateralmente el contrato con Pacific mellaría la confianza de los inversionistas en el Estado, romper unilateralmente la consulta previa y dejar al margen a dos de las tres federaciones involucradas debilitaría aún más la pobre legitimidad del Estado en la Amazonía.  

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