Por Que ir a la CIDH

Tomado del blog de Rosa Maria Palacios 

Algunos se sorprendieron porque el jueves 10, aprovechando mi presencia en Washington para la XIX Convención de la CAF, a la que fui invitada como oradora, interpuse muy temprano una petición reclamando al Estado peruano la ausencia de administración justicia en el caso de acaparamiento de prensa escrita por parte del Grupo El Comercio. Como se recuerda, en noviembre del 2013, 8 periodistas firmamos una acción de amparo por la violación del artículo 61 de la Constitución denunciando el acaparamiento de medios, conducta prohibida en Perú. El Grupo El Comercio, al adquirir el control del Grupo Epensa, controla, desde ese entonces, la propiedad de casi 80% del mercado de diarios en el Perú, sin contar el 66.6% de América Televisión y decenas de dominios en web.
Una petición como esta no se escribe en un minuto. Hay que advertirles a los conspiradores de papel que desde junio nos venimos reuniendo los interesados porque es claro que el caso no avanza. No hay nada en nuestra actividad judicial que dilate el proceso. Por el contrario. Somos conscientes que cualquiera sea el resultado, éste será apelado. Siendo el caso uno de puro derecho, el juez constitucional ni siquiera ha resuelto las excepciones planteadas por la otra parte y nada nos indica que tenga la menor intención de hacerlo. Dos años para una acción de amparo que es sencilla, cuyos demandantes no han interpuesto recursos dilatorios y habiendo fallecido ya uno de ellos, es un exceso de tiempo.
Creemos que la justicia peruana ha violado el llamado “plazo razonable” en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y demandamos que la CIDH estudie nuestra petición. Esto, sin perjuicio del proceso en Lima, puede demorar mucho tiempo – salvo que se apliquen ciertas excepciones – y un tiempo más largo para que la Corte vea el caso. Lo sabemos.
Nuestro objetivo es que el Estado peruano reconozca que aquí hay una situación de violación de derechos. En la forma, el derecho a recibir justicia en un plazo razonable. En el fondo, el derecho a informar y ser informado. Si el objeto de la acción de amparo es restituir las cosas a su estado anterior, éste objetivo se vuelve cada día más difícil. Los firmantes, que nos presentamos formalmente como las víctimas ante la Comisión, sabemos que millones de peruanos enfrentan el mismo oligopolio informativo que nosotros. Entonces, si el Estado peruano no puede reconocer y garantizar derechos fundamentales, ¿a quién recurrimos? A la CIDH.
Mientras salía para Washington se hizo pública la sentencia de la Corte en el caso RCTV de Venezuela. La Corte ya ha resuelto – y esto es obligatorio para todos los países miembros – que el acaparamiento de medios de comunicación ésta prohibido, tanto para el Estado (el caso de RCTV durante el régimen chavista) como para los privados. Es decir, el Estado debe regular, si es necesario, una situación que estando regulada ya en el Perú para radio y televisión con topes a la propiedad, no lo está para prensa escrita.
Un gobierno de salida y débil como el de Ollanta Humala poco o nada podrá hacer para salvaguardar los derechos de todos los peruanos a una información plural. Más aún si, rodeado de denuncias, lo último que podría hacer es confrontar al dueño del casi 80% de la prensa escrita. Pero, durante el debate electoral éste tiene que ser un tema de fondo. ¿Qué prensa quieren los peruanos? Y ¿Cuáles son los límites a la propiedad de prensa escrita? deberían ser preguntas obligadas a los candidatos. Las respuestas nos dirán mucho más de los candidatos de lo que ellos puedan esconder respecto a la relación entre prensa y poder.
Mientras tanto, seguimos esperando al juez de primera instancia. Casi dos años atorados, sólo en el primer peldaño del proceso.

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